Familias con hasta $ 2.500 de ingreso familiar y en las cuales alguno de sus miembros haya perdido el empleo durante el año de pandemia, son las que podrían hacerse acreedoras a bono de alivio por desempleo, de $ 500. Así lo explicó ayer el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, en el espacio semanal de comunicación De frente con el Presidente, en el que junto con el presidente Lenín Moreno, dieron detalles sobre los nuevos bonos por entregar, la ampliación del Registro Social, así como resultados de la visita del primer mandatario a Washington.
El ministro Pozo explicó que el bono de alivio al desempleo será entregado a 570.000 familias que se han identificado con base a los datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El dinero se entregará a quienes tenían una relación de dependencia, y que perdieron su trabajo. Esta entrega se hará independientemente de si la persona ya hubiese entrado a ocupar alguna otra función laboral, explicó.
Sobre el requisito de que tengan un ingreso familiar de hasta $ 2.500, dijo que se ha escogido ese monto, pues esa cantidad está en relación a la clase media hacia abajo.
El 2020 trajo un alto nivel de desafiliaciones en el IESS, lo cual también revela la pérdida de empleos. Entre enero y diciembre de 2020 hubo una reducción de 192.929 afiliados. Es que en enero de 2020 existían 3’724.523 afiliados, pero para diciembre del 2020, bajaron a 3´531594. La mayor parte de pérdidas se generaron en el sector en relación de dependencia, mientras que en las afiliaciones de trabajadoras no remuneradas del hogar tuvo un repunte. En cuanto a las afiliaciones en relación de dependencia, la baja fue de 242.125. El grueso de estas salidas se dio en el sector privado (231.716).
Moreno ratificó que se entregarán los bonos de protección familiar en febrero y marzo de este año, una ayuda de $ 120 para 460.000 familias. Ratificó que el Ecuador tiene ahora una amplia red de protección social. Cuando recibió el Gobierno, estas ayudas llegaban a los $ 643 millones, mientras que en 2021 llegarán a $ 1.500 millones.
Pozo aclaró que los fondos, que ascenderían a unos $ 350 millones, provienen de los multilaterales que tienen un componente de libre disponibilidad, así como de una reasignación presupuestaria.
El ministro dijo que se está trabajando de manera acelerada para determinar la monetización de activos. Entre las posibilidades analizadas están las antenas de CNT, el Campo Sacha, Sopladora. También aseguró que para darle transparencia a los procesos serán los multilaterales (CAF, Banco Mundial y BID) quienes participen en la asignación del concesionario. (El Universo)
