El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Economía Circular Inclusiva. El informe fue preparado por la Comisión de Desarrollo Económico. La iniciativa, entre sus objetivos busca establecer mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular inclusiva, determinar las obligaciones y facultades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria, definir los principios para políticas, financiamiento y programas, fomentar la investigación y el desarrollo económico, reconocer la importancia de los recicladores de base y definir las infracciones y sanciones.

El ponente del proyecto y presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, indicó que en caso de aprobarse la normativa sería la primera en Latinoamérica. Mencionó que la mesa cumple un ciclo en la elaboración de normas que forman parte de un nuevo modelo económico, en ese sentido mencionó las leyes de Eficiencia Energética y la Reducción de Plásticos de un solo Uso.  

Recalcó que la economía circular crea nuevas oportunidades de inversión y de empleos en nuevos campos como la innovación, aprovecha el potencial de la materia prima, energía e insumos de residuos y tiene armonía con el ambiente.

Durante su exposición, Albornoz señaló que en el proyecto se define al Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, se crea el Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva (CONECI), su Secretaría y su Consejo Consultivo, el Sistema Nacional de Información de Economía Circular Inclusiva y el Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, aclaró que esto no creará más burocracia.

Así también, hizo referencia a la educación y concienciación sobre la economía circular inclusiva, mecanismos de apoyo asociados, reconocimiento del oficio de reciclador de base, acceso a la seguridad social, fomento de la asociatividad, entre otros aspectos.

También se dijo que las empresas de bienes y servicios están en la obligación de incorporar características de ecodiseño a sus productos. Además, el proyecto determina como obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la elaboración de un Plan de Economía Circular Inclusiva. Así mismo, se faculta a los GAD para que, a través de convenios, se establezcan mecanismos de gestión de residuos.

Otro aspecto al que se hizo referencia es a los incentivos y financiamientos para la economía circular, a través de cooperación internacional, financiamiento desde los GAD y acceso a créditos. En la norma se contempla también fiscalización y seguimiento, infracciones y sanciones.

Debate

Al inicio del debate los legisladores señalaron que es necesario cambiar los modelos económicos para salir del círculo de inequidades. Mencionaron que la economía circular permite innovación tecnológica, fortalecimiento del tejido social, generación de empleo, mejoramiento en el ambiente y la salud.

En las intervenciones comentaron sobre la concienciación de la población, la cual debería iniciar desde la infancia para que conozcan sobre clasificación y reciclaje de basura, con eso se crearía conciencia social y ambiental.

Así mismo, apuntaron que el reciclaje debe ser un compromiso de los GAD, quienes deberán encargarse de clasificar y reciclar la basura y el resto utilizarlo como gas metano o como abono, esto sería un buen negocio para los municipios. Insistieron en la adopción de procesos industrializados.

En otro aspecto, resaltaron que Ecuador debe seguir con celeridad los modelos que emplean los países desarrollados, puntualizaron que la economía circular ayuda a fomentar el empleo, promueve la participación de sectores sociales y económicos del país. A la vez manifestaron que si bien es una ley que impulsa el desarrollo, esta debe ser inclusiva, en ese sentido, concordaron que es necesario dar mayor atención a los recicladores de base.

Solicitaron que la norma incluya conceptos de los residuos de biomasa, las obligaciones de los gestores que la manejan y otros aspectos que garantizarían su correcta aplicación. También indicaron que varios de los articulados contenidos en el proyecto ya están contemplados en normas vigentes en el Ecuador, especialmente en el Código Orgánico del Ambiente.

Una vez terminado el debate, la Comisión procesará las observaciones recibidas en el Pleno y elaborará el informe para segundo debate. (Asamblea Nacional)