Cinco ventajas ve el Gobierno en la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas a una empresa privada internacional, tras anunciar el concurso que se abre este 22 de septiembre y cuya adjudicación se anunciaría el 12 de febrero del 2021. La llegada de una inversión de $2400 millones y un ahorro anual de $300 millones por menor importación de derivados, son parte de los beneficios que tendrá el país, en el caso de resultar exitoso el proceso. Como lo ve el Gobierno estos ingresos y ahorros aportan al robustecimiento de la dolarización; se podrá aprovechar mejor el crudo y habrá una mejora ambiental, pues se trata de que la refinería produzca combustibles bajo la norma euro 5.
Así lo explicó ayer el ministro de Energía, René Ortiz, a la par que explicó cómo será el modelo de negocio en esta delegación. La empresa adjudicataria, que será previamente calificada, entregará unos $2400 millones de inversión para las mejoras y construcción de un tren de alta conversión. Petroecuador, que sigue siendo dueña de la empresa, tendrá a su cargo a los trabajadores, de manera que se garanticen sus derechos laborales.
Adicionalmente, todo el crudo procesado es entregado por el Estado y los derivados son de propiedad de Petroecuador que los comercializará. La concesión dura 25 años y durante este tiempo el Estado pagará una tarifa, que debe ser competitiva, y que no excederá los costos de producción de la petrolera. Las controversias se podrán solucionar en tribunales internacionales, pero previamente deberá haber el permiso de la Procuraduría del Estado.
La cifra esperada de $2400 millones, dice el ministro Ortiz, representaría la inversión más grande de la historia del país. Tras el inicio habrá un espacio para información técnica que darán dos expertos en la Refinería de Esmeraldas, que son Alfredo Monge y Jorge Barros. Luego durante tres meses las empresas interesadas podrán conocer por dentro este activo.
De acuerdo con el ministro Ortiz, el tema ha sido bien recibido por autoridades seccionales y existe acuerdo también de un buen sector de los trabajadores.
Pese a ello, esta semana, un grupo de jubilados de Petroecuador presentó una acción de protección ante el Tribunal Penal de Esmeraldas, para que se derogue el decreto 1094 que es el que permite la delegación de la administración de la Refinería. El argumento es que la Constitución establece que se podrá delegar de manera excepcional los bienes estratégicos, pero conforme a ley. Sin embargo, esto no había sucedido, pues se usó un decreto y no una ley para hacerlo. Gil Estacio, uno de los demandantes, explicó que ese recurso fue inadmitido por el Tribunal, pero aseguró que apelarán y están dispuestos a ir a instancias internacionales. No puede ser que se quiera privatizar a la Refinería que entrega el 56 % al erario nacional. Sobre el tema, el asesor del ministro, Fernando Santos Alvite, explicó que lo actuado por el Gobierno es totalmente legal, y que está amparado en el Código de la Producción que habla justamente en un segmento de la delegación para sectores estratégicos. También recalcó que el Estado, al momento no tiene los recursos para hacerlo, y recordó que cuando los hubo, se perdieron $2200 millones a propósito de la fallida repotenciación realizada en el Gobierno anterior,
Estacio también comentó que la propuesta de los jubilados es que se haga una inversión para establecer un sistema de hidroconversión para el crudo, a fin de que se haga más liviano y, entonces, la Refinería podría trabajar de mejor manera, con un crudo de grados API para los que fue construida.
Por su parte, Patricio Quintero, dirigente de los trabajadores de la Refinería, dijo que ellos han estado realizando talleres sobre beneficios y perjuicios de la concesión. Explicó que estarían de acuerdo con el proceso, siempre y cuando los pliegos y los términos de referencia sean claros y transparentes. Explica que están conscientes de que se requiere de inversión tanto para que mejore el proceso productivo, como el ambiente de la ciudad y la provincia.
Fuente: Diario El Universo.
