"En ningún momento se ha incumplido o entorpecido el proceso electoral, como lo señala el Consejo Nacional Electoral (CNE)" responde el Ministerio de Finanzas, frente a las advertencias de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, de que se estaría entorpeciendo el desarrollo de los comicios generales del 2021.
En un comunicado oficial divulgado este 18 de septiembre, el Ministerio señaló que han "venido trabajando de cerca para que el proceso opere sin contratiempos, pero garantizando la asignación justa de recursos para las diferentes etapas del proceso electoral conforme las necesidades y programación de recursos".
Y anunciaron que este viernes asignaron $ 3,12 millones para que el Consejo suscriba el convenio con el Instituto Geográfico Militar (IGM), para la impresión de las papeletas y del material electoral.
En la mañana, Atamaint y el consejero José Cabrera cuestionaron que la Cartera de Finanzas asignó $ 1, 35 millones para la contratación de los 125 miembros de las Juntas Provinciales Electorales y del Exterior, y 25 secretarios, estipulando una reducción en sus salarios.
El ministerio señaló que esta reducción se hizo "bajo criterios técnicos recomendados por el Ministerio del Trabajo", y que los "recursos para las siguientes etapas del proceso electoral se asignarán conforme se vayan requiriendo".
Se plantea una remuneración de $ 2 368 para los vocales de las juntas, pero el CNE considera que debe ser de $ 2 597; para los secretarios se disminuyó de $ 1 212 a $ 986.
"Se ha hecho este planteamiento considerando la difícil situación económica y apelando a la sensibilidad del CNE ante la realidad nacional. Como referencia, aquellas personas que están lidiando con la pandemia en estas circunstancias, como los médicos generales, inician en una escala de remuneración de $ 1 676 que puede llegar hasta $ 2034", cuestiona la institución de la Función Ejecutiva.
Atamaint cuestionó al ministro, Richard Martínez que no se asigne los recursos necesarios para dar continuidad a las actividades del cronograma electoral, y advirtió que estaría "entorpeciendo" la organización de los comicios generales del 2021.
Cabrera la respaldó y anunció que podrían presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incurrir en una infracción grave considerada en el numeral 7 del artículo 279 del Código de la Democracia.
Este señala que las "infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años", a la "autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral que interfiera en el funcionamiento de la Función Electoral".
Finanzas en su misiva exhorta a "una reflexión". "¿Es acaso una obstrucción al proceso electoral un pedido de sensibilidad ante la compleja situación económica que vive el país en la cual toda la sociedad está haciendo un esfuerzo adicional?".
El Presupuesto Operativo Electoral (POE) aprobado por el CNE el 27 de agosto asciende a $ 114, 3 millones, y fue objetado por la Cartera de Estado, que considera que es 15% más alto que el utilizado para las elecciones similares del 2017.
Desde el 7 de septiembre se integraron mesas técnicas conjuntas para reducirlo, pero hasta el momento se desconoce cuál será el presupuesto final que se asignará.
