El 11 de septiembre, es decir en apenas siete días, vence el plazo para realizar la liquidación del anticipo del impuesto a la renta (IR) que dispuso el Gobierno a través del Decreto Ejecutivo 1137 de este 2 de septiembre.

El decreto establece que 1068 personas naturales y jurídicas del país deberán pagar el impuesto anticipado correspondiente al 2020 y lo podrán usar como crédito tributario en el 2021. El Gobierno espera así recaudar de manera inmediata $296,3 millones.

Quienes pagarán son personas naturales y jurídicas que tengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia; si en el ejercicio fiscal 2019 tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $5 millones, y si han obtenido una utilidad contable entre enero y julio de este año.

Una iniciativa similar ya la tuvo el Gobierno hace pocas semanas, pero la Corte Constitucional, en una votación muy ajustada, le cerró el paso argumentando que la recaudación anticipada del IR pretendía solucionar una emergencia económica que debía ser solventada a través de los mecanismos jurídicos y democráticos ordinarios. Explicaban que la medida no generaba más ingresos sino que era un adelanto del próximo año y que la emergencia económica colateral no constituye calamidad pública. Finalmente indicaba que no existe claridad de hacia dónde irían los fondos recaudados.

El nuevo decreto también deberá pasar por el examen de la Corte. Por eso, esta vez, el Gobierno remarcó entre sus argumentos la urgencia de los recursos, directamente relacionados con el pago al sector salud y determinó claramente a dónde va ese dinero.

Actualmente el Gobierno tiene pagos pendientes por $154,7 millones y además ha recibido requerimientos adicionales de pagos por $265 millones en el sector salud.

Los rubros tienen que ver con la compra de servicios de red complementaria privada por derivaciones de la Junta de Beneficencia; Solca, dializadoras, entre otros. También se deben pagar servicios de alimentación, limpieza hospitalaria, medicamentos para la atención de pacientes, mantenimiento de equipamiento y maquinaria sanitaria; compra de sangre o hemocomponentes, dispositivos, insumos y reactivos, entre otros.

Además, el presidente Lenín Moreno, en su decreto, señaló que Ecuador ha tenido afectación de ingresos muy importante en el Presupuesto General del Estado. Esto es un monto de al menos $5311 millones al contabilizar $2604 millones menos en ingresos petroleros y $2707 menos en tributos, todo como parte de los problemas generados por la pandemia.

En el lado petrolero esto ocurrió por la caída del precio, baja de la demanda nacional e internacional, así como la rotura de los oleoductos.

Los tributos cayeron también por la menor actividad económica de las empresas, debido a su vez por la menor demanda y falta de liquidez de los consumidores.

Otros ingresos como venta de activos han quedado solo en el papel, por lo que la afectación ha sido de $6051 millones adicionales al déficit que se esperaba y que ahora se calcula en $9435 millones.

El Gobierno también indica que esta medida propuesta es una de las más adecuadas, considerando que, por ejemplo, un incremento del IVA no sería conveniente, tanto porque la población difícilmente puede absorber mayor carga tributaria como por los tiempos que requerirían una nueva reforma.

La insistencia del Gobierno ha sido criticada por analistas y empresarios. En su cuenta de Twitter, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, dijo que muchos políticos creen que el dinero crece en los árboles y que haber tenido utilidad contable no significa tener efectivo para pagar en nueve días un impuesto.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sostuvo que estas medidas afectan a la competitividad y aseguró que ese tipo de impuestos solo retrasarán la recuperación económica.

Fuente: Diario El Universo.