El Gobierno de Ecuador decidió ampliar al 1 de septiembre el canje de bonos por nuevos títulos. Los tenedores deben pronunciarse si están de acuerdo hasta el 20 de agosto. Es necesario que el 51 % respalde el pedido. Entre el 12 y 20 de agosto se había anunciado que se realizará el canje de bonos. Los tenedores de 10 clases de papeles existentes los cambiarán por otro tres tipos: 2030, 2035 y 2040.
El presidente Lenín Moreno anunció el pasado 3 de agosto, en su cuenta de Twitter, que Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa.
El planteamiento gubernamental apunta a la reducción de $1540 millones del capital de la deuda; alivio en el flujo por más de $10 000 millones en los próximos 5 años; disminución de la tasa de interés promedio del 9,2 % a 5,3 %; duplicación del plazo de 6,1 años en promedio a 12,7 años; extensión del periodo de gracia: 5 años en capital y prácticamente 2 años en interés; diferimiento de los intereses no pagados y acumulados, entre marzo y agosto (más $1000 millones), ahora pagaderos entre 2026 y 2030, con una tasa del 0 %.
Para María Laura Patiño, analista en mercados financieros internacionales, es llamativo el comunicado con la propuesta gubernamental en al menos tres aspectos. Primero, que se haya publicado el planteamiento ecuatoriano -el pasado viernes 14 de agosto- unos minutos después de que se hayan cerrado las horas hábiles de los mercados de deuda en el exterior.
Segundo, porque a partir del 15 de agosto si había algún tenedor descontento podía pedir que se declare en mora al país porque no le estaban pagando los intereses de los bonos, desde marzo. El plazo para arreglar este aspecto sin llegar a la mora vencía ese día.
Y tercero, porque hay una publicación internacional que afirma que Ecuador estaría teniendo problemas para cerrar la operación, que no ha sido explicado por el Ejecutivo.
El Gobierno usa, básicamente de argumento, que una de las condiciones para el canje es que hayan llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indicó Patiño. "Cómo pueden reaccionar los acreedores, de diferentes maneras: una, exigir que se haga el canje el 20, cosa que veo difícil porque la gente más bien ha estado colaborando, aun los (tenedores) rebeldes les aceptaron incluirse en el canje. El hecho de que se extienda hasta el 1 de septiembre no le veo mayor problema, siempre y cuando el ministerio (de Finanzas) explique bien las razones para extender (...) evidentemente hay algún problema para el cierre", señaló la especialista.
Fuente: Diario El Universo.