El expresidente estadounidense Donald Trump vuelve mañana a ser el acusado en un segundo juicio político en su contra, pero varias figuras cambiaron respecto al infructuoso esfuerzo anterior para destituirlo en febrero pasado.
Trump fue sometido a un impeachment en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso. En esta ocasión es acusado de “incitación a la insurrección” por su papel en la asonada contra el Capitolio del 6 de enero, que dejó cinco muertos.
Entre las personas que desempeñarán un papel clave en el juicio político están los fiscales. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asignó el juicio político a un grupo diverso de nueve “gerentes”, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, ninguno de los cuales tuvo parte en el primer impeachment.
El grupo lo dirige Jamie Raskin, de 58 años, un académico constitucionalista que comenzó a redactar el artículo de juicio político poco después del ataque de los seguidores de Trump al Capitolio, y que es el mayor caso de su carrera.
Stacey Plaskett, de 54 años, afro y madre de cinco hijos, oriunda de las Islas Vírgenes, es otra de las “gerentes”.
Como delegada de un territorio estadounidense, Plaskett carece de los privilegios de votación en la Cámara Baja, por lo que no pudo votar a favor del juicio político contra Trump.
Pero ha expresado su modesta gratitud por haber sido elegida para ayudar a procesar el caso contra el ahora expresidente, de quien dijo que “intentó un golpe de Estado”.
Otro cargo importante es el de juez. El presidente de la Corte Suprema ostenta la atribución constitucional de presidir el tribunal de un juicio político contra un presidente, pero debido a que Trump ya no está en el cargo, el titular de la alta corte, John Roberts, quien presidió el proceso de 2020, dio un paso al costado.
Eso deja al senador demócrata Patrick Leahy, de 80 años, quien como el miembro más antiguo del partido mayoritario es presidente pro tempore del Senado, el rol de juez.
En tanto, a diferencia de su primer juicio, cuando se sucedieron brillantes abogados para representarlo, Trump penó para construir su equipo de defensa esta vez.
Tras una ola de renuncias, el magnate republicano reclutó in extremis a David Schoen, un penalista de Alabama, y a Bruce Castor, quien fue fiscal de Pensilvania y se negó en 2005 a procesar por agresión sexual al cómico Bill Cosby, quien fue condenado trece años después por estos abusos.
Se requieren dos tercios de los votos del Senado para lograr una condena, por lo que 17 senadores republicanos tendrían que unirse a los demócratas para declarar culpable a Trump. Es poco probable que se sumen esos votos, pero el senador Mitt Romney votó por la condena del mandatario en 2020 y Pat Toomey, de Pensilvania, dijo que Trump “cometió delitos enjuiciables”.
Sin embargo, aunque es improbable que sea declarado culpable en el juicio, los problemas legales de Trump no desaparecerán, ya que el expresidente estadounidense podría ser próximamente inculpado ante la justicia penal y enfrenta también múltiples demandas civiles.
El exmagnate inmobiliario neoyorquino, instalado en su lujosa residencia de Florida, es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo.
Trump arriesga al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan Cyrus Vance, que desde hace meses batalla para obtener sus declaraciones fiscales y movimientos bancarios.
La investigación, que al inicio se centró en los pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones de 2016, ahora examina posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.
Si las acusaciones se confirman, expondrán al expresidente Trump a una posible encarcelación. Y contrariamente a los delitos federales, las violaciones de las leyes estatales no pueden ser perdonadas por el presidente estadounidense, incluso si el demócrata Joe Biden quisiera hacerlo en nombre de la reconciliación.
